Sistema Público de I + D

El sistema público de I+D integra el conjunto de todas las instituciones y organismos de titularidad pública dedicados a la generación de conocimiento mediante la investigación y el desarrollo con el objetivo último de su aplicación al tejido empresarial. Esta compuesto por las universidades y los denominados organismos públicos de investigación (OPI) que no desempeñan actividades de enseñanza superior reglada.

En el actual mercado competitivo y globalizado, la importancia del sistema público de I+D, tanto por ser generador de los conocimientos científicos como por su labor de formación de investigadores, no se deja sentir sólo en los sectores de alta tecnología, sino que también aparece conectado estrechamente con la totalidad del sistema productivo.

Sin duda, la utilidad para la innovación del sistema público de I+D depende no sólo de la calidad de la ciencia y tecnología que desarrolla, sino también de su articulación con el tejido empresarial. Dicha articulación depende tanto de la orientación a la industria del sistema público de I+D como del buen funcionamiento de otras infraestructuras de soporte a la innovación, tal y como se describen más adelante.

El sistema público de I+D cuenta actualmente con unos 40.000 investigadores, frente a los 11.000 que trabajan en la empresa. Esta proporción muestra la gran importancia relativa de nuestro sistema público comparada con Europa, donde casi la mitad de los investigadores desarrolla su investigación en el sector privado.

En España, el hito más destacado de la evolución del sistema público de I+D se concreta en la Ley de Reforma Universitaria (LRU), que estableció las bases para una cultura de colaboración con la empresa, anteriormente poco desarrollada. Con ella se consolida un cambio de modelo en la Universidad española: se paso del centro de formación a la universidad investigadora, organizada en departamentos independientes con incentivos económicos para realizar I+D bajo contrato con el sector privado. En definitiva la LRU estableció las bases para una cultura de colaboración con la empresa, anteriormente poco desarrollada. La LRU, dado el desarrollo del estado de las autonomías en España a lo largo de los 80, previó un destacado papel de la comunidad autonómica en la creación y en el ordenamiento normativo de la actividad de las universidades. Este papel se ha hecho efectivo con la paulatina cesión de las competencias en materia de educación superior a las diferentes administraciones autonómicas.

En igualdad con las universidades, los OPI han experimentado cambios significativos en la última década. La publicación de la ley de Ciencia en 1986 les atribuye un papel central como instrumento directo para la implantación de las políticas públicas de ciencia y tecnología.

Los OPI son alrededor de una veintena, pero tienen dimensiones y orientaciones muy diversas. Un caso muy particular lo constituye el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), que cuenta con unos efectivos que suponen el 50% del conjunto de OPI y se dedica prácticamente a todos los campos de investigación, mientras que los demás OPI tienen una orientación más sectorial. En la tabla 1. se incluyen los centros de más interés para la mayoría de las empresas españolas, junto con el Ministerio del que dependen.
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La universidad española aporta actualmente más del 60% de los investigadores públicos españoles y ejecuta más del 63% del gasto en investigación del sector público superando, por tanto, a los OPI en ejecución de gasto, siendo esta una distancia que aumenta de forma continua.