Compras Públicas
Las compras públicas es otra de las herramientas de política tecnológica con la que cuentan los gobiernos para aumentar la capacidad de innovación de las empresas, especialmente en aquellos sectores en los que la demanda pública es de bienes de alto contenido tecnológico y supone un porcentaje importante de la demanda total. La teoría del demand pull (Schmookler, 1965), según la cual las innovaciones se generan a partir de las necesidades expresadas por la demanda y conocida por las empresas, justifica el efecto positivo que las compras tienen sobre la innovación. Así, la definición que el sector público hace de las características que debe tener el producto final, determina fuertemente la innovación e influye en sus resultados.
En general, las compras públicas funcionan de una manera parecida a las subvenciones a la I+D+I ya que, si bien en el caso de las subvenciones, el sector público entrega una cantidad de dinero a las empresas para que realicen este tipo de actividad, en el caso de las compras públicas, existe un compromiso de compra posterior por parte del sector público, cuyo precio incluye una prima que compensa a la empresa por los costes de la etapa de investigación y desarrollo.
En general, las compras públicas funcionan de una manera parecida a las subvenciones a la I+D+I ya que, si bien en el caso de las subvenciones, el sector público entrega una cantidad de dinero a las empresas para que realicen este tipo de actividad, en el caso de las compras públicas, existe un compromiso de compra posterior por parte del sector público, cuyo precio incluye una prima que compensa a la empresa por los costes de la etapa de investigación y desarrollo.
Además, existen otros efectos positivos en los contratos de compra de bienes de alto contenido tecnológico por parte del sector público. Entre ellos destacamos dos:
Aprendizaje y a la formación de los trabajadores, a la reducción de costes y al aumento de la capacidad de absorción de nuevos conocimiento y tecnologías
Su actuación como señal para el mercado, ya que la decisión de adquirir el producto puede mejorar la percepción sobre su calidad e indicar posibles aumentos e la demanda, tanto pública como privada, en un futuro. Todos estos beneficios hacen suponer que los contratos del sector público generan I+D+I adicional.
